La gestión macrista del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) montó una provocación contra la comunidad de documentalistas: a través de su Consejo Asesor designó a dedo dos comités de jurados para la evaluación de proyectos que se venían eligiendo a propuesta de las asociaciones de realizadores. La reacción fue contundente. Como un rayo, cientos de documentalistas se concentraron el 19 de julio frente a las puertas del INCAA y marcharon a las de la ENERC , donde se reunía el Consejo Asesor para repudiar la medida y exigir que se reestablezca en la reglamentación de su funcionamiento la elección de jurados a propuesta de la comunidad documental.
El atropello sobre esta forma de constitución de los jurados no es nuevo. En abril de 2013, la gestión kirchnerista ya había intentado ir a fondo por el control político de la conformación de los comités cuando sancionó la Resolución 982. En esa oportunidad, la movilización de los documentalistas logró frenar una ofensiva de censura, pero no logró imponer que se reestablezca en la letra de la resolución la precisión relativa a que la elección de los jurados se hiciera a propuesta de las asociaciones del medio. Sin embargo, desde 2013 hasta el presente continuó funcionando como lo venía haciendo desde 2007, cuando la lucha de los documentalistas arrancó la creación de la vía de fomento para el documental independiente.
El documental es un medio de expresión artístico por el cual se canalizan profusamente denuncias de injusticias que tienen como responsable fundamental al estado. Que el estado designe a quiénes deben juzgar esos proyectos ya constituye un principio de censura. El funcionamiento, en cambio, de los comités de evaluación electos por los propios documentalistas ha sido desde 2007 a la fecha la garantía para que se exprese a través de estas realizaciones todo el arco ideológico de la sociedad y, particularmente, una importante cantidad de producciones que denunciaron los atropellos estatales y a sus responsables.
La gestión a través del Consejo Asesor impulsa la designación de jurados de “las provincias” contra las asociaciones “porteñas”. Pero al “federalismo” de la gestión PRO lo parió un ajuste sobre el fomento a la producción de series televisivas a las cuales venían aplicando los realizadores de las provincias. Tras ese ajuste, las secretarías de cultura de las provincias han ido a la cooptación de esos productores para introducirlos en los comités como una cuña contra la independencia política de estos, movilizándolos con este falso argumento del federalismo.
Las asociaciones nacionales de documentalistas que están movilizadas ya habían presentado un proyecto de ampliación del cupo de representación de documentalistas de las provincias en los comités, y ese reclamo sigue integrando parte de nuestra propuesta.
La movilización del 19 logró que una delegación representativa del sector participe de la reunión del Consejo Asesor para exponer el rechazo a esta provocación y exigir que se reconozca en la reglamentación de la confección de los comités el reclamo de la elección democrática por sus propios realizadores. El consejo, por su parte, aprobó la designación de un comité propuesto por las asociaciones; rechazó la impugnación sobre los dos creados a dedo y expresó su voluntad de “abrir un canal de diálogo”.
Para legalizar la designación del Consejo Asesor, la gestión debe publicarla en el Boletín Oficial. Todavía no han dado este paso. De hacerlo, ¿cómo se podría entender a este “canal de diálogo”?. Los documentalistas debemos redoblar nuestra movilización hasta lograr establecer este derecho a la creación artística con fomento estatal e independencia política del estado. Para lograrlo tenemos que ir a una gran asamblea abierta de los realizadores de todas las asociaciones que ponga en pie un plan de lucha que vaya hasta el final en todas las reivindicaciones que ya han sido presentadas al INCAA en ocasión de la gran movilización que significó la celebración del día del documentalista en homenaje a Raymundo Gleyzer.