Se abre un nuevo escenario en la lucha contra el desfinanciamiento de los entes culturales.
La salida forzada de Luis Puenzo como presidente del Incaa abre un nuevo escenario en la lucha contra el ajuste y el desfinanciamiento de los entes culturales, y contra el intento de direccionamiento de esos recursos para el pago de la deuda y aceitar negocios de las producciones imperialistas y monopólicas, extranjeras y nacionales (Netflix, HBO, Amazon, Disney, FOX, Clarín, Telefé, etc.). El dato novedoso y detonante es la reaparición de la movilización callejera (reprimida en vivo y en directo) de la comunidad audiovisual, y la paulatina incorporación de los demás sectores de la producción artística independiente y de los estudiantes. El 28 de abril próximo, con un festival y movilización en el Congreso, será la próxima parada de esta lucha de largo aliento.
¿La salida de Puenzo es un triunfo? Sí. La lucha fue el detonante de recules o reacomodamientos por arriba: el principal responsable de la parálisis y vaciamiento del Incaa ya no está en su puesto. ¿Se resuelven los problemas planteados? No. La lucha sigue más planteada que nunca porque desde el gobierno sólo intentan aplacar los ánimos y encauzar la situación con pequeños cambios para que nada cambie.
Frente a un Congreso dividido, expresión de una crisis política que agudiza las disputas al interior de los bloques del oficialismo y la oposición de derecha, el proyecto de ley para terminar con la caducidad de los fondos deberá ser arrancado con la lucha en las calles, como lo hizo la marea verde para conseguir el aborto legal.
Nicolás Batlle ha quedado como presidente transitorio del Incaa. No representa una política diferente, sino que a lo sumo se propone cambiar “las formas”, los “ritmos de trabajo”, prometer diálogos y acuerdos, que son imposibles cuando la frazada es cortísima. La lucha de intereses contradictorios se acrecentará. Batlle es un productor y documentalista que en 2020, ya siendo vicepresidente del Instituto, protagonizó un pequeño escándalo “apurando” el estreno del film Crímenes de familia (de su productora Magoya films y subsidiado con 16 millones de pesos en 2019 por el Incaa) para poder efectivizar un contrato con Netflix, que la exhibió en todo el mundo como “una producción original de Netflix”.
Los nombres que se mencionaron para su reemplazo, Lucrecia Cardoso y Vanessa Ragone, también son activas promotoras de las OTTs. Cardoso, la viceministra de Bauer y ex del Incaa, acaba de provocar la ira del sector cinematográfico al adular el éxito de Granizo en Netflix, presentándolo como un ejemplo virtuoso a seguir para la cinematografía nacional. Ragone viene de producir para Netflix la serie Carmel sobre el asesinato de María Marta García Belsunce. Si bien desde “lo ideológico” (demagógico) rezongan contra el copamiento colonial de los contenidos y contra la pérdida de la “soberanía cultural”, en los hechos representan al empresariado nacional que pretende asociarse a los negocios del “nuevo paradigma”.
El ministro de Cultura Tristán Bauer, que apareció como bombero de la crisis, es quién implementó en 2021 junto al gobierno, los sindicatos y las grandes productoras nacionales y extranjeras un plan de exenciones impositivas y subsidios para la producción de series para las plataformas de streaming conocidas como OTTs. Es también quién dice sin sonrojarse haber hecho mucho por el sector cultural durante la pandemia, mientras avaló las subejecuciones presupuestarias del Incaa (que suman 1.800 millones los últimos tres años) y largó tardía e insuficientemente subsidios de 30.000 pesos que resultaron una miseria frente a la parálisis completa de la actividad y decenas de miles de trabajadores sin sustento. También fue el ministro de Cultura quien, actuando en el terreno de la interna gubernamental pero también avalando el vaciamiento del Incaa, largó por afuera el programa Renacer para series audiovisuales con un presupuesto de 2.400 millones de pesos manejado a discreción (un monto superior al Fondo de Fomento Cinematográfico del Incaa de todo 2021).
Los patos de esta boda sangrienta somos los realizadores de producciones culturales independientes y los estudiantes, técnicos y trabajadores que ofrecen su mano de obra calificada con salarios completamente desvalorizados y condiciones de trabajo flexibilizadas -avaladas por las burocracias sindicales de cada sector Sica, SAT, AAA, Sadem, etc.
Está planteada la conjunción de estos sectores desde las bases y con un programa que plantee la lucha por sus propias reivindicaciones, que no pueden ser conjugadas con los intereses del negocio cultural porque son contrapuestas: para que aumenten los salarios tendrán que afectarse las ganancias, para que se financie la producción cultural independiente deberá garantizarse su continuidad y tendrán que dejar financiarse negocios privados con fondos públicos.
Sigamos la lucha contra a la caducidad de la autarquía financiera de los institutos culturales Incaa (Cine), INT (Teatro), Inamu (Música), Conabip (Bibliotecas Populares). Basta de financiar mercancías culturales, que los fondos públicos que sean para la creación independiente. Por un impuesto extraordinario a las OTTs que financie estos presupuestos.
Por aumento de salarios acorde a la canasta familiar para técnicxs, actorxs, músicxs, y que se respeten a las condiciones de trabajo. Para eso vamos por asambleas y plan de lucha en todos los gremios. Impulsemos además asambleas abiertas de toda la comunidad artística y cultural para debatir un pliego de reivindicaciones y la continuidad de los planes de lucha.
Puenzo resiste, la puja entre camarillas continuará. El gobierno de Larreta aprovechó para reprimir y procesar a un estudiante.
La jornada de movilización convocada por organizaciones de realizadores de cine independiente y estudiantes de la Enerc para reclamar la salida de Puenzo terminó metiéndose en el centro de la crisis nacional. Por un lado, porque agudizó los choques al interior del gobierno nacional; por el otro, porque resultó empleada por el gobierno de Larreta como advertencia de una escalada represiva.
Gringo viejo
La cuestionada gestión de Puenzo al frente del INCAA tomó, en las últimas semanas, una serie de medidas que arrojaron como resultado el reclamo de su salida. A dos años y medio de parálisis y del sostenimiento del Plan de Fomento del macrismo, Puenzo hizo del pedido de actualización del costo medio de película nacional (que funciona de referencia para todas las vías de subsidio) una vía para la agudización de las desigualdades, en su distribución a favor de las grandes productoras asociadas a las mejores plataformas de streaming. Sumó a esto el desplazamiento de su Secretaría Académica de la dirección de la Enerc, lo cual alentó el reclamo por una democratización de los órganos de dirección de la escuela que los estudiantes denuncian vaciada.
El “oscar winner”, que emergió como fusible en la crisis, que durante el gobierno de Macri se desatara tras el despido de Casetta y la intervención a la Enerc con el sanbenito de que en el “cine nacional no hay grieta”, terminó por esclarecer cuál es y de qué lado está. Representa la defensa de la continuidad y profundización de un fomento estatal de los negocios privados más concentrados y ligados al apetito de contenidos de los gigantes norteamericanos de la producción, contra los intereses de los realizadores independientes.
La caducidad, en la línea de tiempo
El 31 de diciembre caduca la asignación específica de los impuestos que nutren el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), entre otros. La existencia de un proyecto de ley para extender esa asignación no reúne aún el apoyo siquiera para su tratamiento en comisiones. Está planteada una movilización de todos los sectores de la cultura afectados para el 28 de abril al Congreso para exigir su tratamiento y aprobación.
Tenemos que preparar esa movilización entre todos los artistas, trabajadores de la cultura y estudiantes, pero no podemos dejar de advertir que tras la votación del acuerdo con el FMI es altamente probable que el parlamento ingrese en una parálisis. Ante la aparición de Bauer en el escenario de la represión a la movilización como bombero de la crisis, varios realizadores y estudiantes le reclamaron por la falta de soluciones respecto a la caducidad de los fondos específicos de la cultura. Como se ve, el movimiento no se quedará de brazos cruzados ante expresiones de “voluntad política”, más aún viniendo de quién puenteó al INCAA (marcando una agenda de vaciamiento) mediante la asignación de 2400 millones de pesos en concursos audiovisuales organizados por el Ministerio de Cultura.
¿Sin lugar para los débiles?
Puenzo, dejando expuesta la interna del gobierno, intenta resistir en el cargo planteando un supuesto apoyo de Alberto. Su desplazamiento resultaría un triunfo parcial de la movilización pero le plantea nuevos objetivos. Porque Bauer y todo el gobierno nacional están embarcados en un Plan de Contenidos Argentinos que ponderó todos los reclamos de las plataformas en materia de exenciones impositivas. En los mismos días que Puenzo anunciaba las resoluciones de concentración de las asignaciones del fondo de fomento, Lucrecia Cardoso vice de Bauer saludaba el éxito de “Granizo” en Netflix peleando el lugar de mejor alumno de las plataformas norteamericanas.
Para los estudiantes y realizadores independientes se empieza a esclarecer que la defensa de un fomento a la creación artística, sin mediaciones del formateo imperialista, dependerá de la lucha de ellos mismos. La proporción del FFC destinada al apoyo al cine independiente representa una mínima parte del total de los recursos. La lucha contra la caducidad y por el sostenimiento del fondo debe ser acompañada con un Plan de Fomento del Cine Independiente que triplique esos recursos para la producción, la exhibición y distribución, y garantice a su vez el pago de salarios de convenio a todos los trabajadores.
La ausencia de los sindicatos del sector en este reclamo expresa la adaptación de las burocracias que los dirigen a la presión patronal de las OTT, que busca liquidar los convenios colectivos de trabajo de técnicxs, actrices y actores. Las propias productoras que trabajan para las OTT denuncian que una vez entregados los contenidos éstas se quedan la totalidad de los derechos.
Los débiles, los que producimos con escasos recursos, los estudiantes que sueñan con poder expresar sin limitaciones su interés creativo hoy se plantaron y sembraron la semilla de un movimiento que no le queda más que crecer y conquistar sus reclamos.
Abajo la represión
El gobierno de Larreta que no tenía vela en este entierro aprovechó para montar una provocación contra toda la movilización popular. Desplegó un operativo con casi la misma cantidad de efectivos que manifestantes, con el argumento de liberar un carril, casualmente mientras en el edificio de enfrente los representantes de la Unidad Piquetera se reunían con Zabaleta en Desarrollo Social, luchando contra el hambre y la miseria.https://cdn.iframe.ly/api/iframe?maxheight=960&app=1&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprensaobrera%2Fstatus%2F1513626967341420546&key=e5d8be6271b431315fc9ce77ff61854b#amp=1
Cuando la movilización rodeó el patrullero con los detenidos, y la policía avanzó a los palazos, lo hizo desplazando también a los compañeros piqueteros. Eduardo Belliboni del Polo Obrero repudió la represión y manifestó ahí el apoyo total a la lucha en defensa de la cultura. A todas las reivindicaciones, por las que vamos a redoblar nuestra movilización, agregamos desde ahora la lucha por el desprocesamiento del compañero estudiante de la ENERC Andrés Mackievicz.
Caduca la asignación de fondos que provienen de la recaudación.
Una ley aprobada en diciembre de 2017 establece la caducidad de la asignación directa de fondos que provienen de la recaudación a los institutos de fomento del cine, el teatro, la música y las bibliotecas populares. Un proyecto para derogarla ya perdió estado parlamentario una vez y ahora rebota en la comisión de presupuesto. Es la hora de las calles.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares dejarán de recibir, a partir del 31 de diciembre de este año, las asignaciones directas que, en determinadas proporciones, se repartían de una serie de impuestos. Esa recaudación es constitutiva de los fondos de fomento de sus actividades. Esos fondos pasarían a ser asignados discrecionalmente por el ejecutivo, a través de la jefatura de gabinete.
La Ley 27432 se enmarcaba en el Pacto Fiscal con el que el gobierno de Cambiemos cerraba filas de los gobernadores para que le apoyen las reformas previsionales y laborales. Su aprobación en el senado contó con el aval del Frente De Todos, unos días después de la rebelión que jaqueó el ataque a los jubilados y mandó a cuarteles de invierno la reforma laboral.
Desde 2018 existe un proyecto del diputado Carro (FDT) para derogar los artículos de esa ley que afectan las asignaciones que nutren los fondos del fomento cultural. Sin embargo, no fue tratado ni antes, ni después del cambio de gobierno hasta llegar a perder estado parlamentario. Vuelto a presentar nuevamente en 2020, no reúne aún consenso para ser tratado en la comisión de presupuesto y de no mediar una gran movilización no tiene perspectiva.
Colonización
La parte del león de estas asignaciones corresponde al INCAA y es, sobre la actividad audiovisual, donde se concentra el interés del imperialismo por establecer nuevos términos de su dominación en la región. Ya en Colombia, el paquete tributario del gobierno de Duque, que motivó la rebelión popular, incluía la eliminación de las asignaciones impositivas a su fondo de fomento cinematográfico. Buscan desplazar toda mediación estatal entre la producción y sus cadenas de distribución.
Si el pacto fiscal, de Macri y los gobernadores pejotistas, avanzó con la caducidad de las asignaciones, el gobierno de los Fernández fue más allá. Mientras en todo el mundo se discute cómo hacer tributar a las plataformas de streeming, con el lanzamiento del Plan de Contenidos Argentinos entregó un paquete de exenciones impositivas para incentivar una producción bajo el control de seis empresas norteamericanas. Viendo toda la película, se entiende la negativa del Frente de Todos a dar curso a la derogación de la caducidad macrista.
A movilizar
Las “asignaciones especiales” a estos institutos de fomento de la cultura provienen de impuestos que, en última instancia, pagamos los trabajadores. A su vez, los institutos tienen una dirección designada a dedo por el ejecutivo, que da lugar a conformación de camarillas y dádivas especiales a empresarios amigos. A través de diversas asociaciones empresariales, el imperialismo ya domina gran parte de la gestión del fomento y la política cinematográfica local.
Sin embargo, la existencia de varios institutos ha sido el producto de la lucha de los artistas. Así, como en el propio INCAA, la existencia de vías de fomento como la digital para documental fue producto de una lucha que fusionó a realizadores, estudiantes y el movimiento piquetero.
La posibilidad de desarrollar actividades artísticas independientes con fondos públicos tiene fecha de vencimiento impuesta por un régimen político que está entregado a un cogobierno con el FMI. Poner en pie una gran movilización de toda la cultura contra este ataque y lograr la derogación de esta ley es la tarea que nos toca a los artistas para contribuir con nuestro pueblo a decir basta al ajuste.
La continuidad de una política de sumisión a las Majors
El jueves 28 fue cancelado el estreno de la película “El ritual del Alcaucil” en el Cine Gaumont a pesar de tener fecha confirmada meses atrás. La decisión tomada por el INCAA se basa en la negativa de su directora Ximena González de firmar un -nuevo- “convenio” aceptando que su película estaría en cartel solamente una semana (el mínimo posible para un estreno cinematográfico) independientemente de la respuesta de público, violando así los derechos fijados por la normativa conocida como “media de continuidad”. El citado convenio pretende funcionar como declaración jurada y extorsión frente a cualquier reclamo posterior y es un paso más en la tendencia hacia la expulsión de las películas independientes de los cines.
La falta de salas y de políticas de difusión y distribución para el cine argentino e independiente no es algo nuevo, y se corresponde con un INCAA históricamente postrado frente a las majors que controlan en argentina el 90% de las salas y que las ocupan casi en su totalidad cuando lanzan los llamados tanques. En este contexto, el cine nacional -salvo el que es producido en sociedad con las majors- tiene una ínfima cantidad de cines, y las producciones independientes tienen prácticamente uno solo: el Gaumont. Esta lógica es acorde con la política de fomento a la producción que tiene el INCAA, la cual mediante el plan de fomento -vigente desde el gobierno de Macri- instaurado por Alejandro Cacetta (él mismo CEO de Disney/Clarín/Patagonik) acrecentó la tendencia a poner el grueso de ese fondo al servicio de las películas llamadas “de audiencia masiva”.
Este contexto de entrega y sumisión se acrecienta y toma nueva forma con el desembarco de las (no tan) nuevas majors en la era de las series: las plataformas conocidas como OTTs (Netflix, Disney, Amazon, Fox, Flow, etc.). Se trata de un proceso internacional que ya comienza a tener repercusiones económicas, culturales y sociales profundas. La pandemia aceleró el marco de una violenta competencia por los jugosos mercados entre estos enormes conglomerados de empresas que no sólo distribuyen series y películas ya realizadas sino que se lanzan masivamente la colonización casi completa de la producción de las nuevas, mejorando así sus ecuaciones del negocio y controlando también sus contenidos.
Al respecto ya hemos escrito sobre lo hecho por Puenzo desde el INCAA y sobre la adaptación del gobierno a estas (no tan) nuevas formas de la Industria Cultural y de la explotación de trabajadores audiovisuales. En España, una normativa que “obligaba” a las OTTs a invertir el 25% de sus ganancias en producciones nacionales ha generado un debate en el sector pues las productoras audiovisuales españolas en su mayoría han pasado a ser propiedad de empresas yanquis, francesas, alemanas ligadas también a Netflix y demás plataformas.
El anuncio reciente para financiar producciones audiovisuales directamente desde el Ministerio de Cultura por 2500 millones de pesos anuncia que el definitivo vaciamiento del INCAA es una política consciente, de la mano de las facilidades e incentivos para que las OTTs produzcan en Argentina con salarios y condiciones laborales deplorables incluso en comparación con otros países latinoamericanos.
En Colombia, una de las medidas del paquetazo impositivo que motivó el levantamiento popular contra el presidente Duque fue la anulación del impuesto que financiaba al cine. En Argentina el destino específico que tienen los tributos que nutren al INCAA y al Fondo de Fomento Cinematógrafo (FFC) ya tiene fecha de caducidad en diciembre de 2022, producto de una ley votada por todos los bloques que nos gobernaron las últimas décadas.
El viernes 29 se realiza una convocatoria a la puerta del Gaumont contra la caducidad del FFC que nace golpeada por todos los frustrados intentos de las direcciones de las asociaciones de hacer congeniar sus propuestas con alguna de las camarillas de un gobierno de tres o más cabezas, que limitó su política a un loteo de cajas, por un lado, y una entrega total al majors por el otro. Las limitaciones de los convocantes explican también que no se plantee unificar el problema de la caducidad con la necesidad de luchar para conquistar un destino diferente para ese fondo que se pretende que no caduque.
Este cuadro de conjunto plantea negrísimas perspectivas y es un llamado de atención, una última oportunidad tal vez, para que las asociaciones de los realizadores audiovisuales -algunas otrora luchadoras- y técnicos cinematográficos rompan con su inmovilismo y adaptación promoviendo la organización y lucha en las calles, que abran sus estructuras a un debate democrático y reincorporen inmediatamente a los expulsados en el caso de DOCA. El sector independiente, autoconvocado y de lucha, viene planteando hace tiempo propuestas y métodos al respecto. Los estudiantes de cine tendrán que retomar también su lugar en esta lucha, igual que los trabajadores tanto de SICA (cine y publicidad) como de SAT (TV y series) explotados por igual por las mismas patronales y bloqueados en la defensa de sus derechos y reivindicaciones por sus direcciones burocráticas.
Repudiamos esta nueva avanzada contra el cine independiente y llamamos a denunciarla movilizados. Proponemos la realización de un congreso de bases del cine independiente que vote un plan de lucha y elabore un pliego de reivindicaciones mínimas y un plan de reestructuración y democratización del INCAA en función de un cine concebido como arte, cultura, comunicación y no como negocio, sobre la base de un presupuesto autónomo basado en impuestos extraordinarios y progresivos a los conglomerados de la industria cultural.
Ante la inminencia de un nuevo Plan de Fomento necesitamos un planteo propio.
El reciente lanzamiento del plan de “Contenidos Argentinos” a la medida de los reclamos de los gigantes norteamericanos del streaming está en las antípodas de la expectativa puesta en que el Fondo de Fomento Cinematográfico se nutra de imposiciones estatales a estos monopolios en beneficio del desarrollo de una cultura nacional independiente.
La idea que nacía y circulaba entre realizadores independientes fue utilizada demagógicamente por Puenzo al comienzo de la pandemia, para ser luego transformada en el reclamo a la AFIP de un desvío del 50% del IVA pagado por los consumidores de las plataformas de streaming al Fondo de Fomento del INCAA, que se transformaría de cinematográfico a audiovisual. Puenzo aspiraba así a triplicar dicho fondo y ofrecer a esas plataformas fomentar sus producciones en un esquema “win win” en el que, por cierto, ganaba siempre la OTT: no se le cobraba impuestos y se le prometía subsidios a la producción.
Las demoras en destrabar la puesta en marcha de estos planes dieron lugar a una parálisis de la gestión de Puenzo en el INCAA, que a su vez devino en una intriga de palacio al interior del gobierno. Un choque entre el Oscar winner ungido por el presidente, que contara con el apoyo de Hugo Sigman (K&S) que llevó al CEO de Netflix a reunirse con Fernández, por un lado; y, el ministro de cultura Bauer, la vicepresidenta y productores cercanos como Fernando Sokolowics que trasladaron a su base la agitación de la consigna “Estado presente, INCAA ausente”, y pusieron en marcha al menos tres avanzadas para desestabilizarlo.
Como señalamos desde estas páginas las asociaciones del cine independiente oscilaron entre estos dos bloques, para terminar –producto de la completa parálisis de la gestión- en el campo “opositor” junto a las cámaras patronales y con planteos ajenos a sus intereses, como las exenciones impositivas a las PYMES.
El gobierno ha resuelto salir del laberinto que le planteaba la interna del INCAA “por arriba” involucrando a todas las fuerzas en un acuerdo nacional para la entrega a los yanquis con Alberto Fernández a la cabeza, el Consejo Económico y Social, el clerical y pro norteamericano Beliz, la jefatura de gabinete, el kirchnerismo que dirige el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Medios Públicos en manos de un amigo de Santa María, el Enacom del massismo, las cámaras patronales del cine y la televisión, los Sigman y los Sokolowics, la burocracia de la CGT con Daer a la cabeza y los titulares del SATSAID (de la Corriente Federal de Trabajadores), la AAA y el SICA (de la CTA de Yasky).
El plan, que cuenta con una batería de incentivos impositivos que convierten al país en un paraíso fiscal para las OTT, se basa sobre todo en el deterioro del salario nominado en dólares de técnicos y artistas, que en la presentación expusiera Lucrecia Cardoso tomando como ejemplo la producción de cortos publicitarios para el exterior (actividad que fluye entre países de acuerdo a la relación calidad y precio del trabajo en dólares), y la disposición a avanzar aún más en la precarización laboral, que el gobierno presentó con el eufemismo de “innovación”.
En la presentación quedó ausente una definición sobre asignación de recursos, más allá de la gigantesca entrega en materia impositiva. La idea de un fideicomiso público privado para impulsar producciones que había circulado no fue presentada. En las vísperas de las definiciones sobre un nuevo Plan de Fomento del INCAA el asunto cobra una mayor relevancia. Sin nuevos orígenes de fondos, el INCAA sigue constituyendo un botín de disputa por el cual Netflix, Disney, Amazon Prime, UniversalNBC o CBSViacom vistas todas las concesiones ya recibidas, se lanzarían a copar.
Otra alternativa que no se puede descartar a la luz de lo ocurrido en Colombia es que se proceda a un vaciamiento, para dar lugar más tarde al cese del funcionamiento de los mecanismos que nutren el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC). Colombia, que fuera señalada como ejemplo por Puenzo por estar produciendo más de quince series anuales tiene salarios de técnicos hasta cuadriplican a los argentinos. Frente a una Huelga General de masas el gobierno de Duque tuvo que dar marcha atrás parcialmente en su intento de reforma tributaria que incluía la eliminación de los mecanismos de creación del FFC.
En cualquier caso estamos ante un copamiento aún mayor de la producción audiovisual bajo el control económico, político y artístico de cinco tanques norteamericanos. En el marco de un recrudecimiento de la guerra comercial con China, no es poco el avance en materia de colonización cultural. Vienen además por el control del 5G.
El sometimiento a este rumbo por parte de las cámaras patronales nacionales es total, no aparece ni un atisbo de resistencia en la “burguesía nacional de la industria audiovisual”. Lo cual indica que se entregará cada vez más a los designios de un formateo cultural que presentará como una cuestión comercial. El formateo “a lo Netflix” que denunciara hace no mucho Lucrecia Martel.
Por todo lo expuesto, el nuevo escenario le plantea a los realizadores independientes y sus organizaciones la necesidad de hacer un balance de sus alianzas, establecer con claridad sus reivindicaciones para intervenir en el debate de un nuevo Plan de Fomento. La “política de alianzas” con la cual varias Asociaciones justificaron un vaciamiento de asambleas y acciones de lucha debe ser puesta nuevamente en debate. Deben ser dejadas sin efecto las sanciones y expulsiones aplicadas sumariamente sobre quienes planteábamos la necesidad de poner a las organizaciones existentes al servicio de organizar los reclamos de los cineastas independientes y trabajadores audiovisuales.
Hay dos campos donde ubicarse: o con las cámaras patronales que exigieron y obtuvieron sus rebajas impositivas para obtener un rédito mayor de la explotación de trabajadores con salarios en la línea de pobreza, que pondrán sus empresas productoras al servicio de dotar de contenidos a estas plataformas de la colonización cultural, o con los trabajadores audiovisuales que tendrán que enfrentarlas para recuperar sus ingresos y lograr el cumplimiento de los convenios. Necesitamos un plan de fomento del cine independiente que incluya todas las condiciones salariales y laborales a los trabajadores audiovisuales garantizadas por el estado.
El reclamo de una vía digital para la ficción en las vísperas de este copamiento cultural con sus concebidas consecuencias sobre las libertades formales y de contenido social, político y cultural es absolutamente urgente. Así como la defensa de la vía digital documental que garantice la posibilidad de expresión con fondos públicos de la denuncia de todo este orden de cosas, que por supuesto no comprarían nunca las plataformas norteamericanas. En ambos casos será clave también poner en debate el funcionamiento y garantizar la elección democrática de los comités de selección de películas.
Estos temas, y la precisión del reclamo de una proporción concreta del fomento para el sostenimiento de la independencia en la creación constituyen la necesidad cada vez más imperante de un congreso o asamblea extraordinaria del cine independiente que defina un programa y un plan de lucha para imponerlo.
La puja por la asignación de los fondos públicos para la producción audiovisual ingresa en una nueva etapa. Necesitamos un plan propio del cine independiente.
La gestión de Luis Puenzo al mando del INCAA, que acumula casi dos años sin modificar la matriz heredada de la gestión macrista para la asignación de fondos, finalmente dio a conocer un borrador de su propuesta de Plan de Fomento. Algo así como la Ley de presupuesto del organismo.
Para la presentación del borrador, Puenzo atendió el reclamo de actualización de “costo medio para película nacional” sugerido por la asociación de directores DAC, de la que forma parte. Dicha actualización impacta sobre todo el Plan de Fomento, puesto que las distintas vías de aplicación para subsidios refieren al costo medio como referencia. Pero el reconocimiento del atraso es tal, que hace estallar el plan.
El costo medio pasa de 25 a 92 millones de pesos. Para que la cantidad de películas que se producen por año se mantenga en los niveles de 2019, los ingresos al Fondo de Fomento deberían al menos cuadruplicarse, en momentos en los que las fuentes de inyección de dinero al fondo se encuentran golpeadas por el cierre de las salas, que aportan hasta un treinta por ciento del ingreso. La fuente que sostiene actualmente la conformación del fondo proviene de los recursos que genera el canon sobre la facturación de servicios de publicidad y multas que los medios de comunicación deben depositar al Enacom.
El “borrador” carece por completo de una estimación de cuáles serán los recursos disponibles para llevar adelante el Plan de Fomento, que aún proyectando la inflación sobre lo ingresado en 2019, arrojaría la necesidad de proceder a un ajuste sin precedentes en la cantidad de películas a producir. La presentación de un plan inviable por parte de la gestión Puenzo aparece como el recurso político para introducir otro borrador de la misma asociación, el de una nueva ley audiovisual que supuestamente lo haría viable.
El “proyecto” contiene un gravamen del 10% a todas las cadenas de distribución de materiales audiovisuales, con la salvedad de que estas podrían trasladarla a los precios de sus servicios, transfiriendo así el costo a los consumidores. Puenzo pretende que todas las concesiones impositivas establecidas por el gobierno a las OTT en el Plan de Contenidos argentinos sean pagadas por el pueblo. Pero estas empresas no están dispuestas a poner un peso ni a correr el riesgo de perder suscriptores por ser forzadas a encarecer su oferta.
Si sumamos a este cuadro que sobre la actual forma de financiamiento pesa una cláusula de caducidad que se ejecutaría en 2022, el impasse sobre el destino del financiamiento público de la producción audiovisual no puede ser mayor, y, particularmente, el de la producción independiente del formateo de los tanques norteamericanos del streaming que están detrás de su copamiento.
Ante la presente crisis, la mayoría de las asociaciones que nuclean a los realizadores independientes reducen sus planteos al sostenimiento del régimen actual, a través de la eliminación de la caducidad. Pero el esquema ya estalló y el cine independiente se encuentra ante el dilema de su desaparición o la adaptación total a la lógica mercantil impuesta por el Plan de Contenidos Argentinos.
Frente a esta situación es necesaria una deliberación amplia de todos los realizadores independientes de ficción y documental para poner en pie un planteo propio basado en el incremento del fondo a partir de un impuesto a las ganancias de las OTT, no al público; el establecimiento de una proporción no menor al cincuenta por ciento del total del fomento para la producción de documental digital y ficción digital de bajo presupuesto, con salarios de convenio garantizados para el equipo técnico y comités de evaluación electos por la comunidad audiovisual independiente, que establezcan criterios de interés artísticos, sociales, culturales y políticos libres de toda censura estatal o de mercado.
Con la excusa de cumplirse los 500 días de Luis Puenzo al frente del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), en una entrevista dada a GPS Audiovisual, el “Oscar winner” se despachó con una serie de definiciones que, si bien no agregan nada novedoso, apresuraron la salida de un texto de un conjunto de asociaciones profesionales titulado “Así no va más”.
En la extensa entrevista, Puenzo ratifica sus planes políticos orientados hacia la nueva realidad del audiovisual “cuyo desarrollo fue acelerado por la pandemia”: la prevalencia del mercado del streaming y el consumo de series, frente a las salas de cine y la producción de películas. Hacia allí apuntaban su temprana reunión con los ejecutivos de Netflix, organizada a comienzos de 2020 (ver cultura.gob.ar, 19/2/20) por el empresario y productor Hugo Sigman -socio del mexicano Carlos Slim y dueño del laboratorio Mabxcience- y en el mismo sentido iba el intento fallido por triplicar el fondo de fomento con una parte del IVA que pagamos los usuarios de las plataformas OTTs… para financiar con dinero del INCAA a esas mismas OTTs.
“Nuestra idea es que el Fondo de Fomento Cinematográfico pase a ser un Fondo de Fomento Audiovisual, incluyendo la producción de series argentinas” (Télam, 1/5/20), decía Puenzo. Hacia allí sigue apuntando la presentación de su “Plan de Fomento” que deberá repartir un presupuesto en declive (manta corta) producto de la crisis económica y la caída brutal de los ingresos que provenían de ventas de entradas de cines.
Sin embargo, el “Así no va más” de las asociaciones, cuyo sentido es despegarse de una difamación, por haber sido acusados de ser “gente que ha lucrado con el cine a lo largo de los años y algunos no de manera honesta”, no explicita ninguna diferencia con esta orientación general sino que ratifica una significativa coincidencia al pedir que “se atienda con soberanía el nuevo escenario del medio audiovisual, que engrose sus recursos a través del aporte de los servicios de streaming, que fomente la realización de series (…)”.
Esta coincidencia, entre otras, vuelve a evidenciar que el contenido de los enfrentamientos obedece a intrigas palaciegas entre camarillas igualmente patronales y oficialistas: de un lado los Puenzo-Sigman-Alberto, del otro los Bauer-Sokolowicz-Cristina. No están en juego dos “modelos” para el INCAA, está en marcha una disputa capitalista por el fondo de fomento que es disfrazada como un choque entre grandes empresas y pymes.
Lo de Puenzo parece ser una torpeza política porque con estas declaraciones amalgama nuevamente a este frente golpista y filo oficialista con un conjunto mayor de asociaciones que habían sido, o intentado ser, aplacadas por dos medidas adoptadas a comienzo del año: una resolución que ampliaba subsidios para reactivar rodajes (en sintonía con la apertura indiscriminada de actividades impulsada por el gobierno) y otra que otorgaba a los documentalistas -el sector históricamente más combativo- una “conquista histórica” que aumentaba los montos de la vía digital documental, la más pobre y más fructífera de todas las vías de fomento del INCAA.
Las promesas y expectativas de diálogo y participación que no se cumplieron en estos 500 días, vuelven a ser agitadas desde ambos sectores, pretendiendo ignorar su seguro fracaso y la continuidad de los choques, porque incluso los intereses empresariales de la producción audiovisual -sean grandes o medianos- serán indefectiblemente afectados por la crisis en marcha y su segura profundización de la mano de una mayor subordinación al FMI y los intereses imperialistas.
Para pensar una salida a todo este zapateo en el lugar, recordemos que la acción que puso en evidencia a fines del año pasado la inutilidad del inmovilismo y las esperanzas en consensos, participación y diálogo, fue una movilización autoconvocada de realizadores independientes a las puertas del INCAA. Fue esta acción independiente la que motivó a las asociaciones a movilizarse también y la que abrió paso a que Puenzo echara lastre con las resoluciones mencionadas. Necesitamos retomar ese camino de independencia, organización y lucha.
Necesitamos un congreso de bases del cine independiente que coloque sobre la mesa un verdadero “otro modelo” para la distribución de los fondos del INCAA, que plantee que no se puede seguir financiando a los Sigman, Socolowicz, tampoco a Clarín (Patagonik) o a Telefe, y que reclame una verdadera democratización de los subsidios y del INCAA orientado a las producciones audiovisuales que no se conciben como mercancías culturales sino como genuina expresión artística y cultural.
Necesitamos también organizar la lucha (abandonada por los sindicatos) de los trabajadores y técnicos, en defensa de los convenios colectivos de trabajo que pretenden ser aún más avasallados por las patronales (ver Infobae, 13/3), y también por una compensación salarial de $40.000 para todos los que perdieron sus fuentes laborales producto de la pandemia.
La gestión de Luis Puenzo cumple un año de parálisis y da lugar a una nueva ola de intrigas palaciegas y movilizaciones. Se abre una deliberación en el campo del cine independiente.
Cuando el gobierno de Mauricio Macri expulsó a Alejandro Cacetta de la presidencia del INCAA por sostener “funcionarios kirchneristas” en su gestión y a Pablo Rovito de la conducción de la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) se desató en la comunidad audiovisual una rebelión sin precedentes. Un jueves de semana santa se tomaba el cine Gaumont y se realizaba una asamblea con más de mil asistentes, que rápidamente se radicalizaba y votaba movilizarse por la democratización del INCAA, la elección democrática de sus autoridades contra la designación por el Ejecutivo que plantea la ley de cine, y un Plan de Fomento para el cine independiente. Rápidos de reflejos, los sectores de la industria convocaron una concentración antes de la movilización en la puerta del instituto, al lunes siguiente. Allí tomó la palabra Puenzo y, en defensa de Cacetta (el hombre de Clarín en el INCAA), pronunció la célebre frase “en el cine nacional no hay grieta”.
El kirchnerismo lograría desviar aquella lucha por la democratización y las reivindicaciones más sentidas del sector del cine independiente hacia “preocupaciones parlamentarias sobre la continuidad de los impuestos que nutren el fondo de fomento cinematográfico (FFC)” y Puenzo quedaría instalado como un defensor corporativo del “cine nacional”. Su postulación por el Alberto Fernández, que venía a “cerrar la grieta”, estaba más que cantada. El “consenso” en torno a su figura superaba con creces las mejores mediciones del presidente de los primeros días de cuarentena. La liquidación del capital político del hombre del Oscar es una manifestación más de la crisis política que cruza al gobierno.
Con la pandemia como argumento fundamental del ajuste presupuestario (un 30% de la recaudación que nutre las arcas del INCAA proviene de la venta de entradas en salas que cerraron hace meses), la subejecución, el atraso, los privilegios para productores de la gestión y la negativa de otorgar ayuda a los trabajadores de la industria paralizados y sin cobrar salarios caracterizaron a la gestión, pero su principal traba radica en no haber logrado resolver un incremento de fondos para sostener una producción para las OTT (Over The Top) y modificar el Plan de Fomento en dicho sentido.
Mientras en todo el mundo se discute cómo gravar a las plataformas de streaming que monopolizan la circulación de los productos culturales, aquí Puenzo intentó traficar el criterio empleado en la ley de cine para el fondeo de la producción a través de la retención de un cincuenta por ciento del IVA en las entradas. La aplicación de dicho criterio a la facturación de las Netflix, Amazon y compañía triplicaría el fondo y daría lugar a poder invertir esos fondos públicos en producción de contenidos para esos tanques, sin afectar sus ganancias.
La “brillante idea”, que endulzó los oídos de los dueños de Netflix en reunión con el Oscar winner, no pasó la prueba de las reuniones con la Afip, ni se convirtió en proyecto de ley impulsada por el Ejecutivo, ni en decreto, ni en nada. El IVA que pretende Puenzo regalar a Netflix es coparticipable y lo necesitan las provincias para pagar sus deudas; también al imperialismo, sí. Porque el “Estado presente” del “INCAA ausente” tiene como principal tarea un pacto con el FMI, y mal que le pese a muchos son sus prioridades.
De la primera ola golpista impulsada por Azar, Sokolowicks y compañía Puenzo resultó airoso concentrando el apoyo de la mayoría de las asociaciones de peso del sector, así como los sindicatos (a los cuales aportó fondos del INCAA al rescate de sus obras sociales, que Actores de todos modos quebró). Pero la continuidad de la parálisis de su gestión, que no logró en un año presentar su Plan de Fomento, ha dado lugar a una segunda ola. El bloque de apoyo se quebró y ahora reclama su cabeza la cámara de la industria (Caic), que pretende imponer a su presidenta Vanesa Ragone en el sillón de Lima. Ragone es la productora local de mayores lazos con Netflix. Se cuentan los días.
Desde el Ojo Obrero y el Frente de Audiovisuales en Lucha participamos de la convocatoria de ACÁ que el jueves 10 quebró la parálisis de las direcciones de las asociaciones del cine independiente, con una movilización de cincuenta compañeros, que puso en agenda la necesidad de la convocatoria a un congreso de las bases del cine independiente.
Esta iniciativa sacudió la modorra y dio lugar a que sea convocada una conferencia de prensa y movilización el lunes 14. Más de treinta asociaciones suscribieron la convocatoria, que no logró movilizar más de cien realizadores. Como se ve, la crisis lejos está de provocar la reacción de 2017, y sólo un sector más activo y las direcciones de las asociaciones están participando.
La elaboración surgida de una deliberación común de los realizadores del cine independiente, junto a los estudiantes y los trabajadores de la industria sería un factor fundamental para engrosar las filas de la movilización.
Las direcciones de las asociaciones que integran la mesa de directores han consensuado un programa sin desarrollar una deliberación abierta a todos los realizadores independientes. El planteo parte de una formulación falsa en relación a la clave de lo que está en juego. Propone el aumento del fondo de fomento a través de “los aportes” provenientes de las OTT. En realidad suscriben el aumento del fomento a partir de la mitad del IVA, por lo que el “aporte” sería de las provincias. Nosotros planteamos la triplicación del fondo sobre la base de un impuesto a las ganancias de las OTT.
El cuadro de crisis que se ha creado por la inviabilidad de la vía del aporte de las provincias plantea que el propósito de los golpes a Puenzo es viabilizar el copamiento del fondo de fomento por las OTT, en las condiciones que esté. El cine independiente debe partir de reclamar que los fondos públicos para el fomento artístico deben ser para el desarrollo de la expresión libre de todos los condicionamientos del mercado y del propio Estado. Que la producción cinematográfica con fines culturales, sociales y políticos debe contar con todos los recursos para garantizar salarios de convenio para sus trabajadores. En base a estos principios generales, definir un pliego de reivindicación para luchar por ellas frente a la imposición de un nuevo Plan de Fomento.
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Ante la parálisis creada por la cuarentena en el sector y el derrumbe de una de las fuentes de ingresos del Incaa que proviene de venta de entradas de cine, las asociaciones que nuclean a realizadores y productores comenzaron a solicitar informes sobre la continuidad de la distribución del fondo que inyecta la savia de sus raíces y a reclamar un impuesto a Netflix. Luis Puenzo, presidente del Incaa y también dueño junto a sus hijos de una productora, planteó que frente a la inexorable caída del fondo de fomento “los jóvenes” debían comenzar a trabajar en modificaciones a la ley actual o en una nueva ley de cine que contemple un aporte de las OTT al fondo de fomento. Pero les adelantó que -por su experiencia- esas gestiones legislativas llevarían más de cinco años, pateando la pelota más allá de la gestión de Fernández y la suya, y emulando al presidente que dijera que la política impositiva es “materia del Congreso”.
Rápido de reflejos, el grupo Clarín inició una campaña planteando que el gobierno trabajaba en un nuevo impuesto sobre Netflix que se trasladaría al precio del servicio. La “solidaridad” de Clarín con Netflix se explica por el oportunismo en la defensa de “sus consumidores” y la oportunidad de ocultar la defensa de sus propios intereses representados en Flow.
Pero su campaña ha dado lugar a un uso desprejuiciado de los empresarios que dirigen el Incaa –presidente y vice son dueños de productoras- en convertir la polémica en un reclamo de rescate estatal de su “cadena de pagos”. Ocurre que Puenzo salió al cruce diciendo que el aporte de las OTT se podría obtener ya mismo aplicando la misma ley de cine vigente para derivar parte de lo que los usuarios de estas empresas ya pagan por IVA. «El impuesto se extendería sobre los abonos que ya están pagando el IVA (…) como en todo lo que se compra. Así como el IVA a las entradas (de cine) disminuyó al 11%, qué pasaría si ese 10% también fuera al IVA de los abonos. Sería otro impuesto, que no le costaría un peso más al abonado», explicó Puenzo (Télam, 7/5).
Es decir, que la plata no saldría de las OTT sino del Tesoro (a Puenzo y sus aduladores les gusta decir la Afip), el mismo cuyo presupuesto se encuentra disputado por la vida de los trabajadores de la salud y los acreedores de deuda, lo quieren las productoras de cine para cubrir los huecos de su cadena de pagos.
A los seguidores de Puenzo que consideran que “dobló la apuesta” porque obtendría más rápidamente los recursos, parece que se les escapa que ahora sí los fondos los aportarían los consumidores y no las OTT. Pero esto sería lo de menos, porque lo más notable es el triunfo de Clarín. No solamente no tendrá que poner un centavo de las ganancias extraordinarias de Flow, sino que además parte del IVA que sus consumidores aportan a través de la compra de sus servicios se le será reintegrado para rescatar las pérdidas de Patagonik Films, su productora de cine. Puenzo sabe del paladar del grupo Clarín.
En 2017, el macrismo desplazó a su primer presidente del Incaa, Cacetta el CEO de Patagonik Films, por su negativa a relevar de la administración del instituto a funcionarios provenientes de la gestión anterior, a los que muchos productores -Puenzo inclusive- deberán sus callados favores. La comunidad audiovisual se puso de pie y en asambleas masivas discutió la democratización y reorganización de esa caja negra que históricamente ha sido el Incaa. Puenzo fue quien rápidamente se puso a la cabeza de la defensa de ese régimen con su famosa frase “en el cine nacional no hay grieta”.
En días en los que el gobierno viene de retroceder ante los capitalistas de la salud privada y cajonear la centralización del sistema sanitario, para luego archivar el impuesto a la riqueza, en virtud de un apoyo de los capitalistas a la propuesta de restructuración de la deuda, no se podía esperar mucho de Puenzo. Los gestores del Incaa convirtieron una hipotética “epopeya nacional” del cine frente a los tanques imperialistas del streaming, en una rapiña por recursos estatales para rescatar a sus empresas audiovisuales. Como frutilla del postre, alientan a Netflix a que produzca más series en la Argentina con estos mismos recursos.
La parálisis de la producción cinematográfica dejó -según datos del sindicato de la industria- a más de cuatro mil trabajadores sin ingresos. Cuando se toma la actividad audiovisual de conjunto y sus trabajadores precarizados la cifra se multiplica de manera exponencial. La mayoría de ellos no pueden acceder al IFE. En varios países del mundo, Netflix ha “donado” recursos para fondos de desempleo para evitar imposiciones. La emergencia plantea la necesidad de un impuesto extraordinario a las OTT, no para engrosar cajas negras y rescatar “capitales nacionales”, sino para que todos los trabajadores de la industria cultural accedan a poder cubrir su subsistencia, con un salario de 30 mil pesos. Ese impuesto debe ser administrado por un Comité de Trabajadores de la Cultura, y aplicado sobre las ganancias de las empresas citadas prohibiendo taxativamente el aumento de tarifas a los usuarios por los servicios que brindan las empresas alcanzadas por el mismo.
Julián Morcillo, 9/5/2020
El ajuste implementado por la gestión del INCAA ha llevado al cine independiente a una situación crítica. Además, se ha sumado la devaluación en curso y la inflación imparable que desvaloriza los ya menguados y atrasados presupuestos, al tiempo que valoriza los equipos e insumos dolarizados. Todo esto tiende a agravarse de la mano de un país en default y bajo la bota del FMI.
Pero el ajuste implementado por el INCAA no fue «uniforme» para todo el cine argentino. Porque mientras se redujeron los montos y acrecentaron las trabas para las vías que utilizamos los realizadores independientes, para los sectores concentrados de la industria se aumentaron los recursos y facilitaron los circuitos. Recordemos que el Plan de Fomento vigente fue diseñado a la medida de estos conglomerados de medios por el ex CEO de Patagonik Group.
El invento de las vías divididas por estimaciones de públicos y los puntajes para permitir o no el acceso a las mismas, fueron el mecanismo para concentrar más aún el fomento estatal. Esta política fue acompañada de una subejecución escandalosa del presupuesto direccionado hacia las producciones independientes. El objetivo de reducir el gasto para liberar recursos estatales y destinarlos a la deuda pública, no fue realizado a costa de los peces gordos, sino de la reducción del cardumen.
Esta lógica de utilización de fondos públicos para fomentar el beneficio capitalista va en sintonía con la realidad del campo de exhibición y distribución cinematográfica. En este terreno el copamiento recontra monopólico por parte de las Majors(Warner, Disney, UIP, Sony Fox) hace casi imposible conseguir salas para el cine independiente. Ni este gobierno ni los anteriores hicieron nada que cuestione este dominio imperialista, por el contrario, con la excusa de no intervenir en la libertad de mercado y en la “libre elección” de los espectadores, han contribuido a la colonización cultural e ideológica imperialista.
Si bien podemos coincidir con algunos planteos de la Mesa de Directores, es indudable que este análisis de clase está deliberadamente ignorado.La mesa de directores, así como las multisectoriales, sindicatos de la industria y cámaras de productores, colocan su denuncia y propuestas en el marco de fomentar una transición ordenada dentro del INCAA (como lo hacen la CGT y las cámaras empresariales para la transición presidencial).
El planteo centrado en respetar el funcionamiento institucional de la ley de cine apunta más a garantizar “seguridad jurídica” para los negocios de la industria audiovisual que a resolver los problemas y necesidades del cine independiente. Para que se destine un porcentaje significativo del fomento cinematográfico al cine que se produce sin contar con un capital previo y con objetivos artísticos, sociales, culturales y/o políticos, debería dejarse de subsidiar a las empresas que cuentan -y de sobra- con dicho capital. Más aún cuando son conglomerados de medios asociados a las Majors.
El cine independiente es un campo específico y tenemos que tener nuestros propios planteos, reivindicaciones y espacios de debate y organización. Puede y debe el cine independiente sumarse a una lucha más general por presupuesto, por transparencia; pero si no tenemos en claro cuáles son nuestros reclamos específicos, seremos una vez más utilizados como tropa de movilización para políticas cosméticas, que a lo sumo agrandan un poquito la boca del embudo.
Por todo lo planteado es que hacemos un llamado a organizar un Congreso de bases del Cine Independiente. Un congreso en el que las bases de todas las asociaciones y gremios del campo audiovisual (realizadores, productores, técnicos, exhibidores, actores, espectadores, estudiantes de cine) nos juntemos para debatir cómo enfrentar esta situación, proponiendo y movilizando a partir de nuestras necesidades y reivindicaciones, con independencia política del estado y las gestiones del INCAA.
Proponemos un Encuentro/Congreso resolutivo del Cine Independiente, a realizarse a inicios de Octubre, antes de las elecciones generales, para elaborar un plan de acción por nuestras necesidades urgentes y definir nuestras propuestas para un Plan de Fomento al Cine Independiente. En lo inmediato, antes de las elecciones generales, creemos que la comunidad del cine independiente debemos organizar la lucha por:
· Un monto de emergencia inmediato para todas las producciones en curso y actualización de presupuestos de acuerdo a la inflación. Pago inmediato de cuotas adeudadas.
· Defensa de la Vía Digital y actualización al 10% del costo medio de película nacional
· Basta de concursos esporádicos. Por una vía permanente de ficción independiente, y una vía de cortometrajes.
· Nombramiento inmediato de comités simultáneos, a propuesta de los realizadores.
· Abajo la censura, programación inmediata en Sala 1 del Gaumont de la película “Escuela bomba”
· Por una red de salas estatales a precios populares
· Apoyo al lanzamiento de films de documental y ficción independientes.