La sobrina de todas las batallas. Por un impuesto a las OTTs

El presidente del Incaa, Luis Puenzo había informado semanas atrás que se estaba analizando, para el futuro, un impuesto a las plataformas de streaming. Clarín inició una campaña de fake news alertando sobre un nuevo impuesto a Netflix que pagarían los usuarios. En pocos días consiguió una capitulación del gobierno.

 

Ante la parálisis creada por la cuarentena en el sector y el derrumbe de una de las fuentes de ingresos del Incaa que proviene de venta de entradas de cine, las asociaciones que nuclean a realizadores y productores comenzaron a solicitar informes sobre la continuidad de la distribución del fondo que inyecta la savia de sus raíces y a reclamar un impuesto a Netflix. Luis Puenzo, presidente del Incaa y también dueño junto a sus hijos de una productora, planteó que frente a la inexorable caída del fondo de fomento “los jóvenes” debían comenzar a trabajar en modificaciones a la ley actual o en una nueva ley de cine que contemple un aporte de las OTT al fondo de fomento. Pero les adelantó que -por su experiencia- esas gestiones legislativas llevarían más de cinco años, pateando la pelota más allá de la gestión de Fernández y la suya, y emulando al presidente que dijera que la política impositiva es “materia del Congreso”.

Rápido de reflejos, el grupo Clarín inició una campaña planteando que el gobierno trabajaba en un nuevo impuesto sobre Netflix que se trasladaría al precio del servicio. La “solidaridad” de Clarín con Netflix se explica por el oportunismo en la defensa de “sus consumidores” y la oportunidad de ocultar la defensa de sus propios intereses representados en Flow.

Pero su campaña ha dado lugar a un uso desprejuiciado de los empresarios que dirigen el Incaa –presidente y vice son dueños de productoras- en convertir la polémica en un reclamo de rescate estatal de su “cadena de pagos”. Ocurre que Puenzo salió al cruce diciendo que el aporte de las OTT se podría obtener ya mismo aplicando la misma ley de cine vigente para derivar parte de lo que los usuarios de estas empresas ya pagan por IVA. “El impuesto se extendería sobre los abonos que ya están pagando el IVA (…) como en todo lo que se compra. Así como el IVA a las entradas (de cine) disminuyó al 11%, qué pasaría si ese 10% también fuera al IVA de los abonos. Sería otro impuesto, que no le costaría un peso más al abonado”, explicó Puenzo (Télam, 7/5).

Es decir, que la plata no saldría de las OTT sino del Tesoro (a Puenzo y sus aduladores les gusta decir la Afip), el mismo cuyo presupuesto se encuentra disputado por la vida de los trabajadores de la salud y los acreedores de deuda, lo quieren las productoras de cine para cubrir los huecos de su cadena de pagos.

Otra vez de rodillas ante Clarín

A los seguidores de Puenzo que consideran que “dobló la apuesta” porque obtendría más rápidamente los recursos, parece que se les escapa que ahora sí los fondos los aportarían los consumidores y no las OTT. Pero esto sería lo de menos, porque lo más notable es el triunfo de Clarín. No solamente no tendrá que poner un centavo de las ganancias extraordinarias de Flow, sino que además parte del IVA que sus consumidores aportan a través de la compra de sus servicios se le será reintegrado para rescatar las pérdidas de Patagonik Films, su productora de cine. Puenzo sabe del paladar del grupo Clarín.

En 2017, el macrismo desplazó a su primer presidente del Incaa, Cacetta el CEO de Patagonik Films, por su negativa a relevar de la administración del instituto a funcionarios provenientes de la gestión anterior, a los que muchos productores -Puenzo inclusive- deberán sus callados favores. La comunidad audiovisual se puso de pie y en asambleas masivas discutió la democratización y reorganización de esa caja negra que históricamente ha sido el Incaa. Puenzo fue quien rápidamente se puso a la cabeza de la defensa de ese régimen con su famosa frase “en el cine nacional no hay grieta”.

Capitulación

En días en los que el gobierno viene de retroceder ante los capitalistas de la salud privada y cajonear la centralización del sistema sanitario, para luego archivar el impuesto a la riqueza, en virtud de un apoyo de los capitalistas a la propuesta de restructuración de la deuda, no se podía esperar mucho de Puenzo. Los gestores del Incaa convirtieron una hipotética “epopeya nacional” del cine frente a los tanques imperialistas del streaming, en una rapiña por recursos estatales para rescatar a sus empresas audiovisuales. Como frutilla del postre, alientan a Netflix a que produzca más series en la Argentina con estos mismos recursos.

Impuesto extraordinario ahora

La parálisis de la producción cinematográfica dejó -según datos del sindicato de la industria- a más de cuatro mil trabajadores sin ingresos. Cuando se toma la actividad audiovisual de conjunto y sus trabajadores precarizados la cifra se multiplica de manera exponencial. La mayoría de ellos no pueden acceder al IFE. En varios países del mundo, Netflix ha “donado” recursos para fondos de desempleo para evitar imposiciones. La emergencia plantea la necesidad de un impuesto extraordinario a las OTT, no para engrosar cajas negras y rescatar “capitales nacionales”, sino para que todos los trabajadores de la industria cultural accedan a poder cubrir su subsistencia, con un salario de 30 mil pesos. Ese impuesto debe ser administrado por un Comité de Trabajadores de la Cultura, y aplicado sobre las ganancias de las empresas citadas prohibiendo taxativamente el aumento de tarifas a los usuarios por los servicios que brindan las empresas alcanzadas por el mismo.

 

Julián Morcillo, 9/5/2020