El ataque del gobierno al cine y la resistencia de la comunidad audiovisual en una nueva etapa

 

La gestión del INCAA a cargo de Ralph Haiek ha dado inicio a una nueva etapa de avance en el ajuste y la censura sobre la producción cinematográfica que comenzó con el Plan de Fomento que diseñó el desplazado ex CEO de Patagonik Films, Alejandro Cacetta. Tras su desplazamiento y el de los funcionarios heredados de la gestión K al mando de las cajas, la gestión del PRO se hizo con el control político y financiero del Instituto. A aquél golpe, que motivó un levantamiento sin precedentes de la comunidad audiovisual en abril, lo antecedió y continuó una sub ejecución presupuestaria que paralizó la producción cinematográfica nacional, con excepción de algunas grandes producciones.

El movimiento de la comunidad audiovisual que se puso de pie en abril, se diluyó tras el copamiento de su orientación política por sectores patronales, de la mediana industria, y burócratas ligados en el pasado al kirchnerismo que rechazaron las reivindicaciones concretas de los realizadores independientes en defensa de sus conquistas, y llevaron la movilización a los pasillos del parlamento para preguntar qué modificación sobre los orígenes de los fondos de fomento del cine se haría en una próxima Ley de Convergencia (que reemplazará a la Ley de Medios).

La preocupación fundamental de estas asociaciones profesionales y sindicatos de filiación k es la conservación del control de las cajas de sus Sociedades de Gestión. Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) controla la gestión del cobro de derechos de autor de los directores y está asociada en la Multisectorial Audiovisual con los sindicatos de actores, de técnicos de la industria cinematográfica, de extras, de trabajadores de la televisión, es decir, toda la burocracia sindical de la actividad audiovisual que está a su vez ligada a la gestión de las cajas de los derechos de intérpretes, actores, músicos, etc.

El macrigatismo tras el copamiento de la caja del INCAA mira con apetito las cajas de las sociedades de gestión. Las denuncias de corrupción sobre las gestiones anteriores del INCAA, le han allanado el camino al gobierno para disciplinar a estas burocracias en la aceptación del avance del ajuste como condición para la retención de sus negociados. 

 

Menos películas, más censura

            El movimiento que volvió a ponerse de pie el pasado jueves con una movilización de dos mil personas y una asamblea de mil en la sala 1 del Gaumont se inició nuevamente desde los documentalistas.

            La producción documental, que aporta alrededor de ochenta películas por año, cuenta con una vía de subsidios cuyos comités evaluadores son electos por la asociaciones de sus directores y han logrado una independencia de las gestiones que permitieron que se desarrolle una expresión libre en un género en el que proliferan las denuncias de injusticias sociales, que tienen naturalmente al Estado como principal protagonista. La preocupación por modificar la conformación de estos comités de evaluación ya la tuvo la gestión anterior, pero no pudo doblegar la resistencia. El macrigatismo acaba de cerrar un comité evaluador dejando sin tratamiento para este año cuarenta proyectos de documental. Quiere imponer antecedentes para conformarlo y veedores “administrativos” de la gestión para regimentarlos.

            Sólo unos días después de que una asamblea de documentalistas convocara la movilización del pasado 28 de septiembre, el gobierno a través de sus espadas mediáticas lanzó un nuevo ataque a “la cantidad de películas que nadie ve”, con el argumento de que pertenecen al relato K. Entre los realizadores, se sabe falsa esa afirmación. La campaña no ha hecho más que revivir al movimiento y despertarlo con la misma vitalidad de abril.

 

Asfixia financiera a la realización independiente y privatización del fomento

            El gobierno busca reemplazar en su totalidad la política de subsidios (es decir, la naturaleza del fomento de una actividad) por el sistema de créditos que comprometan el patrimonio de quienes lo requieran. A su vez, no oculta que pretende entregar el negocio de ese “financiamiento” a la banca privada para que se beneficie de la administración de fondos públicos. Aún no ha reunido las condiciones para tentar a la banca privada, para conseguirlas ha emitido la Resolución 942, que por “error” u “omisión” habla en un artículo de personas físicas o jurídicas, para continuar en el siguiente haciendo mención directamente a “empresas productoras”. El “lapsus” expresa el deseo más profundo de la actual gestión: liquidar la producción independiente de las casas productoras. Liquidar el cine de autor. Terminar con la creación artística libre de los condicionamientos del mercado capitalista de la industria cultural.

 

Las tareas del movimiento de los realizadores independientes

             Las resoluciones de la asamblea del 28 contienen un progreso importante en relación a las reivindicaciones que levantó el movimiento de abril. Plantean la derogación de la 942, el rechazo al Plan de Fomento y la apertura de su discusión a la comunidad audiovisual. La defensa de las conquistas de la vía digital para documentales y la extensión de esa conquista a la ficción, clave para el acceso de los estudiantes al fomento cinematográfico. El rechazo a los despidos a los trabajadores del INCAA.

            La gestión, que tiene paralizado el funcionamiento de su Consejo Asesor ha llamado a sus miembros a una reunión y la asamblea votó movilizarse sobre esa reunión, este lunes 2 de octubre.

            Pero los realizadores independientes deben abandonar la ilusión de que el canal para obtener estas conquistas sea la puesta en funcionamiento del Consejo Asesor, porque la gestión lo pondrá en funcionamiento. Este cuerpo consultivo creado por la Ley de Cine no es una representación democrática. Es un cuerpo colegiado compuesto por representantes de las secretarías de cultura de las provincias, de las burocracias de los sindicatos asociados a las sociedades de gestión, de las cámaras patronales de productores y de la propia gestión. Que se incorpore un representante de los documentalistas independientes, incluso que se obtenga de éste CA un pronunciamiento a favor de nuestros reclamos, no nos garantiza el triunfo de nuestra lucha contra este brutal ajuste al cine independiente. Debemos exigir que la gestión reciba a una representación de la asamblea general para el tratamiento de las reivindicaciones que se han votado y acompañar esa reunión con la movilización.

 

Ojo Obrero, 2/10/2017